Crespo: organizaciones vinculadas a la discapacidad se movilizaron en rechazo a cambios en la ley de emergencia

La convocatoria tuvo como eje central la preocupación por el posible impacto de estas reformas en los derechos adquiridos y en el acceso a prestaciones esenciales.

La licenciada en Psicopedagogía y Educación Especial, Milagros Bernat, había anticipado en declaraciones periodísticas que la concentración buscaba “reclamar, ni más ni menos, que por el cumplimiento de nuestros derechos”, en referencia tanto a las condiciones laborales del sector como a la garantía de prestaciones básicas para las personas con discapacidad.

En relación con la situación económica, la profesional había señalado que el reciente incremento del 3,40% en las prestaciones —definido en la última reunión de directorio— resulta insuficiente frente al contexto actual. “No es lo que está contemplado en la ley de emergencia en discapacidad, y además pierde sentido si los pagos no se efectivizan”, había afirmado. En ese marco, también había advertido sobre demoras significativas en los cobros: “Hay prestadores que no cobran desde octubre del año pasado y otros desde diciembre. Se adeudan pagos de programas como Incluir Salud y también de PAMI”, indicó, alertando que esta situación pone en riesgo la continuidad de los servicios.

Un nuevo proyecto en el Congreso

En paralelo a estas manifestaciones, el Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de ley que propone cambios sustanciales en la normativa vigente sobre discapacidad. La iniciativa, titulada “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, ingresó en el Senado y plantea, entre otros puntos, la derogación de artículos clave de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad N° 27.793.

El proyecto establece un reempadronamiento obligatorio para todos los titulares de pensiones por invalidez, quienes deberán acreditar nuevamente su condición médica, situación socioeconómica y antecedentes laborales. En caso de incumplimiento, se prevé la suspensión automática del beneficio. Además, contempla un sistema de fiscalización que incluirá cruces de datos entre organismos como ANSES y otros entes estatales.

Otro de los aspectos que genera controversia es la incompatibilidad absoluta entre la percepción de la pensión y cualquier empleo formal, lo que eliminaría la posibilidad de que una persona con discapacidad trabaje de manera registrada sin perder el beneficio. Asimismo, el texto propone cambios en el financiamiento del sistema y habilita acuerdos entre Nación y provincias, lo que, según distintos sectores, podría derivar en una desregulación de aranceles y prestaciones.

Desde las organizaciones movilizadas advierten que estas modificaciones implican un retroceso respecto de la legislación vigente, que en los últimos años había ampliado el universo de beneficiarios bajo un criterio más inclusivo. En ese sentido, anticipan que continuarán las acciones para visibilizar el reclamo y exigir garantías en el acceso a derechos fundamentales.

Organizaciones expresaron su repudio al proyecto de reforma de la Ley de Emergencia en Discapacidad

Las organizaciones ASDRA y Red T21 manifestaron su profundo rechazo al proyecto de modificación de la Ley de Emergencia en Discapacidad impulsado a nivel nacional, al considerar que introduce medidas que significan un retroceso en materia de derechos, salud y autonomía para las personas con discapacidad.

A través de un posicionamiento público, ambas entidades advirtieron que las reformas propuestas afectarían de manera directa a una población históricamente vulnerada, así como también a sus familias. Entre los aspectos más cuestionados se encuentran el reempadronamiento obligatorio en plazos acotados, la incompatibilidad absoluta entre la percepción de una pensión y el empleo formal, y la eliminación de herramientas clave de actualización y financiamiento del sistema.

Según señalaron, estas disposiciones no solo ponen en riesgo ingresos esenciales, sino que además desalientan la inclusión laboral al impedir que una persona con discapacidad pueda acceder a un trabajo registrado sin perder su beneficio económico.

Riesgos para el acceso a prestaciones

Otro de los puntos críticos destacados por las organizaciones es la eliminación del nomenclador único, un instrumento que actualmente garantiza criterios equitativos en el acceso a terapias, apoyos y prestaciones. Su eventual eliminación —indicaron— permitiría que cada obra social o empresa de medicina prepaga fije valores y condiciones de manera discrecional, lo que podría generar profundas desigualdades en el acceso a servicios básicos.

En este sentido, advirtieron que la sostenibilidad del sistema podría verse comprometida, afectando tanto a prestadores como a usuarios.

Impacto en la vida cotidiana

La presidenta de ASDRA, Valeria Follonier, alertó sobre las dificultades que enfrentarían muchas personas para cumplir con los nuevos procesos administrativos. “Muchas no podrán completar auditorías o reempadronamientos por barreras geográficas, económicas o de accesibilidad, lo que podría derivar en la suspensión automática de pensiones”, explicó.

Asimismo, subrayó que la pérdida de estos ingresos tendría consecuencias profundas: “No solo deteriora la salud física y mental, sino que puede generar mayores niveles de dependencia y retrocesos en la autonomía lograda”.

Las organizaciones remarcaron que las pensiones por discapacidad alcanzan a un porcentaje reducido de beneficiarios en situación de alta vulnerabilidad, y no a la totalidad de personas que cuentan con Certificado Único de Discapacidad.

Cuestionamientos por compromisos internacionales

En otro tramo del pronunciamiento, ASDRA y Red T21 sostuvieron que el proyecto desconoce principios fundamentales de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en Argentina tiene jerarquía constitucional.

Indicaron que las modificaciones propuestas afectan derechos vinculados a la inclusión laboral, la autonomía personal y el acceso a condiciones de vida dignas, en contradicción con los compromisos asumidos por el Estado.