CAUCE presentó un amparo por falta de respuesta del Gobierno provincial sobre la navegabilidad del río Uruguay

La Fundación CAUCE – Cultura Ambiental Causa Ecologista inició un amparo judicial el pasado 6 de noviembre de 2025, tras no recibir en tiempo y forma respuesta del Gobierno de Entre Ríos a una Solicitud de Acceso a la Información Pública Ambiental (SAIPA) presentada el 19 de septiembre. La organización buscaba obtener documentación clave vinculada a la ampliación de la navegabilidad del río Uruguay, en el contexto del avance de la segunda etapa del Plan de Modernización del Complejo Hidroeléctrico Salto Grande.

La entidad ambientalista requirió tres bloques específicos de información:

1. Proyectos de ampliación de la navegabilidad del río Uruguay, aguas arriba y aguas abajo de la represa de Salto Grande.
2. Proyecto de conclusión de la esclusa de navegación (esclusa Ayuí) u otras alternativas previstas.
3. Estudios de impacto socioambiental realizados o previstos, indicando métodos de evaluación, financiamiento y mecanismos de participación ciudadana.

Información ambiental: una categoría especial

Desde CAUCE remarcaron que la información solicitada no es “información pública genérica”, sino información ambiental, una categoría que posee un régimen jurídico propio, regido por normas de presupuestos mínimos a nivel nacional y por el Acuerdo de Escazú, de carácter obligatorio para todos los niveles del Estado.

En ese sentido, señalaron que la recientemente sancionada Ley Provincial 11.191, que regula el acceso general a la información pública, no resulta aplicable para este tipo de requerimientos, ya que no es una norma complementaria de la legislación nacional ambiental ni del acuerdo internacional vigente.

Antecedentes y jurisprudencia entrerriana

La organización recordó que la jurisprudencia en Entre Ríos ha sido consistente en:

• habilitar el amparo como vía rápida y expedita ante la falta de respuesta estatal;
• excluir la aplicación de la Ley 11.191 en casos donde se solicita información ambiental;
• impedir que el Estado deniegue documentación mediante invocaciones genéricas de confidencialidad,
• y ordenar, en caso de existir datos sensibles, la utilización de mecanismos de disociación o tachas para garantizar el acceso.

“Defender la democracia ambiental”

Desde CAUCE afirmaron que la acción judicial busca asegurar que los derechos instrumentales contemplados en el Acuerdo de Escazú sean efectivamente cumplidos. “Con esta nueva acción, buscamos que los derechos que establece Escazú sean respetados, se genere cumplimiento para evitar responsabilidad —incluso internacional— y que la democracia ambiental continúe siendo la manera de gestionar procesos y evitar futuros conflictos”, expresaron.