Cuando Yekaterina Maksimova no puede llegar tarde a alguna parte, la periodista y activista evita tomar el Metro de Moscú, aunque probablemente sea la ruta más eficiente.Esto se debe a que en el último año ha sido detenida cinco veces gracias a un omnipresente sistema de cámaras de seguridad con reconocimiento facial. Cuenta que la policía le decían que las cámaras “reaccionaban” a su paso, aunque a menudo no parecían entender el motivo y la dejaban ir tras unas horas.“Parece que estoy en algún tipo de base de datos”, señala Maksimova, que antes había sido arrestada en dos ocasiones: en 2019 tras participar en una manifestación en Moscú y un año más tarde por su activismo medioambiental.Para muchos rusos como ella, cada vez es más difícil evitar el escrutinio de las autoridades, con el gobierno monitoreando de forma activa las cuentas en de redes sociales y empleando cámaras de seguridad contra los activistas.Incluso una plataforma elogiada en su día por los usuarios por facilitar las tareas burocráticas está siendo empleada como una herramienta de control: las autoridades planean utilizarla para notificar el llamado a filas, frustrando así una táctica popular de evadir que se les entregue la documentación en persona.Los activistas sostienen que bajo el mandato del presidente Vladimir Putin, Rusia ha aprovechado la tecnología digital para rastrear, censurar y controlar a la población, estableciendo lo que algunos llaman un “ciber gulag”, una oscura referencia a los campos de trabajo donde se encerraba a los prisioneros políticos en la época soviética.Es un territorio nuevo, incluso para una nación con un largo historial de espionaje a sus ciudadanos.“El Kremlin se ha convertido de facto en el beneficiario de la digitalización y está utilizando todas las oportunidades para la propaganda estatal, para vigilar a la población, para romper el anonimato de los usuarios de internet”, afirmó Sarkis Darbinyan, jefe legal de Roskomsvoboda, un grupo ruso de libertad de internet al que el Kremlin considera un “agente extranjero”.<h2>Aumento de la censura</h2>La aparente indiferencia del Kremlin hacia la vigilancia digital pareció cambiar tras las protestas masivas de 2011 y 2012, que se coordinaron por internet, lo que llevó a las autoridades a endurecer los controles.Algunas regulaciones les permitían bloquear páginas web y otras obligaban a los operadores de telefonía móvil e internet a almacenar los registros de llamadas y mensajes, para compartir la información con los servicios de seguridad si era necesario.Las autoridades presionaron en vano a empresas como Google, Apple y Facebook para que guardaran los datos de sus usuarios en servidores rusos y anunciaron sus planes para crear una “internet soberana” que, en caso de necesidad, se podría aislar del resto del mundo.En ese momento, muchos expertos calificaron estos esfuerzos de inútiles, y algunos siguen pareciendo ineficaces. Puede que las medidas rusas no parezcan más que una simple cerca comparadas con el gran cortafuegos chino, pero la represión online del Kremlin ha ganado impulso.Tras la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, la censura online y el procesamiento judicial por publicaciones y comentarios en redes sociales despuntaron de tal forma que batieron todos los récords existentes.Según Net Freedoms, un destacado grupo de defensa de los derechos en internet, más de 610.000 cibersitios fueron bloqueados o eliminados por las autoridades en 2022, el récord anual en 15 años, y 779 personas fueron acusadas por comentarios y publicaciones, otro récord.Un factor importante fue la ley adoptada una semana después de la invasión que criminaliza el sentimiento antibélico, indicó el presidente de Net Freedoms, Damir Gainutdinov. Además, prohíbe la “difusión de información falsa” o “desacreditar” el ejército, por lo que se utiliza contra quienes se oponen públicamente a la guerra.Human Rights Watch citó otra ley de 2022 que permite a las autoridades “cerrar extrajudicialmente medio de comunicación y bloquear contenidos en internet por difundir ‘información falsa’ sobre la conducta de las Fuerzas Armadas de Rusia u otros organismos estatales en el extranjero o por propagar llamados a sancionar a Rusia”.<h2>Inteligencia artificial</h2>A los defensores de derechos les preocupa que la censura online esté a punto de ampliarse drásticamente a través de sistemas de inteligencia artificial que peinen las redes y las webs en busca de contenidos considerados ilícitos.El regulador gubernamental de medios de comunicación, Roskomnadzor, anunció el febrero el lanzamiento de Oculus, un sistema de IA que busca contenido prohibido en fotos y videos online, y puede analizar más de 200.000 imágenes por día, frente a las 200 de los humanos.Otros dos sistemas similares que están en fase de desarrollo se centrarán en textos.Los activistas afirman que es difícil saber si los nuevos sistemas funcionan y hasta qué punto son eficaces. Darbinyan los describe como “algo horrible”, que conduce a “más censura”, en medio de la total falta de transparencia sobre su funcionamiento y regulación.“Ahora es normal reírse de los rusos, decir que tienen armas viejas y que no saben luchar, pero el Kremlin es muy bueno en campañas de desinformación y hay expertos informáticos de alto nivel que crean productos extremadamente eficaces y muy peligrosos”, afirmó.El regulador gubernamental Roskomnadzor no respondió a peticiones de comentarios.<h2>Reconocimiento facial</h2>Entre 2017 y 2018 las autoridades de Moscú instalaron un sistema de cámaras en las calles habilitadas con tecnología de reconocimiento facial.Durante la pandemia del COVID-19 en 2020, las autoridades pudieron localizar y multar a quienes violaban las cuarentenas.Ese mismo año, los medios rusos reportaron que las escuelas contarían también con esos sistemas. Vedomosti dijo que no estarán conectadas al sistema de reconocimiento facial apodado “Orwell”, por el autor británico de la novela distópica “1984” y su “Gran Hermano”, el personaje que todo lo ve.Cuando comenzaron las protestas por el encarcelamiento del líder opositor Alexei Navalny en 2021, se empleó el sistema para localizar y arrestar a los asistentes, algunas veces semanas después.Después de que Putin anunció en septiembre del año pasado una movilización parcial de hombres para luchar en Ucrania, aparentemente ayudó a las autoridades a atrapar a los evasores.Maksimova, la activista a la que paran repetidamente en el metro, presentó una demanda para recurrir los arrestos pero perdió. Las autoridades alegaron que, como ya había sido detenida antes, la policía tenía derecho a retenerla para una “conversación informal”, en la que los agentes le explican a un ciudadano sus “responsabilidades morales y legales”.Maksimova sostiene que los agentes se negaron a explicarle el motivo por el que figuraba en sus bases de datos de vigilancia, calificándolo de secreto de estado. Ella y su abogado recurrieron el fallo judicial.En las calles de Moscú hay 250.000 cámaras de vigilancia con ese software: en la entrada a edificios residenciales, en el transporte público y en las calles, dijo Darbinyan. San Petersburgo y otras ciudades grandes como Novosibirsk y Kazan, cuentan con sistemas similares, agregó.Cree que las autoridades quieren armar “una red de cámaras en todo el país. Parece una tarea titánica, pero hay posibilidades y fondos”.<h2>Vigilancia digital total</h2>En noviembre, Putin ordenó al gobierno la creación de un registro online de personas aptas para el servicio militar luego de que los esfuerzos para movilizar a 300.000 hombres para combatir en Ucrania revelaron un gran desorden en los registros de alistamiento.El registro, que se prometió que estaría listo en otoño, recopilará todo tipo de datos, “desde clínicas ambulatorias a juzgados, oficinas tributarias y comisiones electorales”, apuntó la analista política Tatyana Stanovaya en comentario reciente para la Carnegie Endowment for International Peace.Stanovaya cree que estas restricciones podrían ampliarse a otros aspectos de la vida en Rusia mientras el gobierno “construye un sistema estatal de vigilancia digital total, coerción y castigo”.Por ejemplo, una ley aprobada en diciembre obliga a las empresas de taxis a compartir sus bases de datos con el Servicio Federal de Seguridad, la agencia sucesora del KGB soviético, dándole acceso a las fechas de los viajes, la ruta y el pago.“El ciber gulag, del que se habló de forma activa durante la pandemia, está tomando forma real ahora”, escribió Stanovaya.

El “ciber gulag”: cómo Rusia rastrea, censura y controla a sus ciudadanos

Con la ayuda de un perro que daba grandes saltos y entrenado para la detección de cocaína, la policía italiana incautó más de 2.700 kilogramos de la droga escondida entre 70 toneladas de bananas empacadas en cajas procedentes de Ecuador, informaron el martes las autoridades.Si la droga hubiera llegado a su destino final en Armenia, le habría generado a los traficantes más de 800 millones de euros (900 millones de dólares) en ventas callejeras, calculó la policía. Describió la cocaína como de la más alta calidad.La policía aduanal comenzó a sospechar de dos contenedores en un buque de carga que llegó recientemente al puerto de Gioia Tauro de la península italiana y que es bastión de un “drangheta”, como se conocen localmente a los grupos de la delincuencia organizada.Los documentos y una verificación de antecedentes indicaban que los transportistas de las bananas no estaban en el negocio de mover tanta fruta, reveló la policía a la radio estatal italiana.Los agentes usaron máquinas de escaneo y el perro, llamado Joel, para descubrir paquetes de cocaína escondidos en cajas apiladas de varios metros de altura en camiones con contenedores.La policía que relató Joel saltó alto y con entusiasmo cuando los policías abrieron las puertas traseras de un camión y escarbó furiosamente en algunas cajas descargadas como tratando de apartar las bananas.Si los narcotraficantes hubieran eludido la detección, los contenedores habrían continuado su viaje a través del Mediterráneo hasta un puerto del Mar Negro en Georgia para su transporte final a Armenia, precisaron las autoridades.No especificaron cuándo llegó el portacontenedores a Gioia Tauro, pero la policía de aduanas dijo que días antes de la incautación, sus agentes en el mismo puerto encontraron unos 600 kilos (1.320 libras) de cocaína en seis camiones con contenedores también cargados con frutas de Ecuador.

Policía italiana detecta cocaína escondida en cargamento de bananas procedente de Ecuador

Unos 5.000 venezolanos buscan salir de Perú en el plazo de seis meses otorgado por las autoridades para que regularicen sus documentos, informó el martes el ministro del Interior.Durante una visita a la frontera peruana con Ecuador, en el norte del país, el ministro del Interior Vicente Romero señaló a la televisora pública que hallaron la cifra mientras analizan la problemática migratoria.También indicó que Perú sostiene reuniones diplomáticas con Chile, Ecuador, Colombia y Venezuela para resolver una crisis desatada hace más de dos semanas en la frontera con Chile en donde migrantes sin documentos, en su mayoría venezolanos, acampan en territorio chileno, mientras intentan salir del país.Perú anunció la semana pasada que no permitirá el ingreso de migrantes sin documentos en medio del inicio del proceso de regularización de documentos de los extranjeros que viven en Perú, que durará seis meses.Las autoridades peruanas indicaron el martes que más de 400.000 migrantes mantienen multas que podrían ser amnistiadas en caso de que regularicen sus papeles. Muchos no realizaron un trámite de prórroga de residencia o tienen un exceso de permanencia en el país.La tensión casi diaria en la frontera entre Perú y Chile ha provocado la presencia de policías de ambos países. Durante la mañana un grupo de migrantes permanecieron por varios minutos parados en medio de la vía que une a ambos países como una forma de protesta contra los gobiernos de Perú y Chile.La oficina en Perú de la agencia de Naciones Unidas para refugiados dijo en 2022 que los venezolanos en Perú constituyen casi el 3,5% de la población de unos 33 millones y que Lima —donde hay 1,1 millón de venezolanos— es la primera ciudad del mundo en cantidad de personas venezolanas desplazadas.

Alrededor de 5.000 venezolanos buscan salir de Perú

Montevideo.- Lo primero que dice Mia Rodríguez, de 11 años, que hizo con sus nuevas manos protésicas fue dibujar un gatito.La niña uruguaya, cuyos dedos nunca se desarrollaron por completo, se puso las manos protésicas y demostró el movimiento de agarre que ahora puede hacer.“Ahora puedo sostener el lápiz con una mano. Antes tenía que hacerlo con las dos manos porque mi puño no cerraba”, dijo, mientras su madre, Ana Van López, la miraba emocionada.Rodríguez recibió las prótesis de manos de la fundación uruguaya Manos de Héroes, que diseña e imprime manos y brazos con tecnología 3D para niños y adultos de todo el país sudamericano.Desde 2020, la fundación ha entregado más de 100 prótesis gratuitas, la mayoría para familias en situación de vulnerabilidad.Van López, de 28 años, vive con su pareja y sus cuatro hijos en una fábrica abandonada en Salinas, a unos 40 kilómetros (25 millas) de Montevideo, y sus ingresos provienen de trabajos informales como vender leña o piñas. La familia tiene un ingreso mensual de alrededor de 200 dólares u 8.000 pesos uruguayos."Estoy muy agradecida, pensé que mi hija era la única con este problema. Nunca se había encontrado con alguien como ella en el hospital o en la calle. Es muy difícil para nosotros", dijo López, quien está tratando de obtener una prestación estatal por invalidez para la niña equivalente a poco más de 380 dólares, o 15.000 pesos mensuales. Además, reciben una cantidad similar de apoyo estatal, dijo. Casi el 16 % de la población uruguaya registra algún grado de discapacidad, la mayoría leve, según un censo de 2011 del Instituto Nacional de Estadística.Las manos protésicas de Rodríguez se mueven con hilos que están tensos por el movimiento de sus muñecas. Son de color violeta con rosa, colores que dijo que eligió porque combinan bien, y están decorados con calcomanías de unicornios. Otros niños prefieren los colores de su club de fútbol o superhéroe favorito.Las prótesis pueden ser mecánicas o electrónicas. Se colocan en las manos, antebrazo, codo u hombro, según las necesidades de cada persona.Diseñar una mano, imprimirla y armarla lleva un par de semanas, dijo Andrea Cukerman, ingeniera eléctrica y fundadora de Manos de Héroes.Las prótesis son gratuitas y la fundación se financia con aportes de empresas privadas y donaciones. En Europa, una prótesis de mano con tecnología mucho más avanzada puede costar hasta 100.000 dólares, dijo la fundación.En una de las paredes de la oficina de la fundación hay fotos de niños y adultos que han recibido prótesis. Las imágenes muestran a niños haciendo poses con manos y brazos en colores vibrantes —naranja, verde— o como los de Spider-Man."La idea es que no se sientan solos", dijo Cukerman.Las fotos de adultos son más tenues; la mayoría de sus prótesis imitan el color y los detalles de la piel.Cukerman muestra las prótesis que está imprimiendo actualmente: el brazo de un adulto que tuvo un accidente.El día de la prueba, Rodríguez siguió mirando todo lo que tenía delante, recordó Cukerman."Cuando le mostramos sus manos, su rostro se iluminó, sus ojos grandes, casi no hablaba", dijo.Le explicaron cómo funcionaban las manos protésicas, qué movimiento tenía que hacer para abrir y cerrar el puño, y advirtieron que tal vez habría que hacer algunos ajustes.Rodríguez se puso las manos encima y empezó a probar movimientos."Tomó unos segundos; quedaron perfectos", dijo su madre.

Fundación imprime manos y brazos protésicos 3D gratis

Grupos de socorristas localizaron y extrajeron el martes el cuerpo de una niña, de unos seis años, la primera víctima en ser localizada unas cuarenta horas después de que se produjera un gigantesco deslizamiento de tierra, lodo y rocas que sepultó al menos a medio centenar de viviendas en Alausí, una población de los Andes de Ecuador.



La menor se encontraba a unos cinco metros de profundidad, en la parte baja y a un costado del alud, cerca de escombros de los que habría sido una vivienda. Enseguida fue envuelta con un plástico negro y trasladada en medio del deslave.



Tras ello, los rescatistas se empeñaron en ampliar la búsqueda debido a que los familiares les comunicaron que la niña estaba con dos primas y un tío al momento del desastre, la noche del domingo. Con esta nueva víctima sumarían ocho fallecidos y 62 desaparecidos.



El jefe de uno de los grupos de rescate, Jorge Torres, dijo a The Associated Press que las condiciones del terreno hacen muy difícil llegar hasta los cuerpos «que deben estar entre 20 y 30 metros bajo de tierra” y precisó que mientras trabajan en la zona continúan las vibraciones del terreno, por lo que «podría producirse otro evento de igual o peor magnitud”.



Añadió que las primeras horas son fundamentales para hallar sobrevivientes, una posibilidad que se va disipando con el transcurso de los días, pero que continuarán las tareas para “rescatar a alguien con vida y, si no es así, por lo menos brindar la tranquilidad dentro del profundo dolor de los familiares de tener un cuerpo a quien llorar y despedir”.



Debido a la presión de familiares y sobrevivientes, ingresó al sector del desastre maquinaria pesada que empezó a trabajar de inmediato a pesar de la oposición inicial de los expertos, que señalaban que se debían esperar al menos 72 horas. A los rescatistas se sumaron espontáneamente decenas de indígenas de zonas cercanas para ayudar a remover la tierra y los escombros.



En los flancos de la zona arrasada se multiplicaban las casas recién desocupadas con letreros de venta y otras con grietas en sus paredes, mientras perros abandonados vagaban por las calles esperando infructuosamente a sus dueños.



Aunque los efectivos de bomberos, ejército, Cruz Roja, policía y otros organismos de socorro lucían agotados, se apoyaban entre sí con frases de aliento para retirar rocas y escombros y cavar en la tierra. Todo el personal de rescate está recibiendo asistencia psicológica.



Uno de los damnificados, Milton Taday, relató a AP que un mes atrás, cuando las grietas en la tierra comenzaron a agrandarse, le recomendaron evacuar, lo que le permitió instalarse con su madre discapacitada en la casa de una vecina que les prestó un par de habitaciones. “Pero ahora todo están cerrando, la gente está dejando todo por miedo”, agregó.



La Secretaría de Gestión de Riesgos indicó además que del sitio fueron rescatados 23 heridos y que desde la madrugada del lunes los rescatistas no han logrado recuperar cuerpos o sobrevivientes. Hasta ahora el saldo es de 500 personas y 163 viviendas afectadas, así como 150 metros de carretera, el 60% de la red de agua potable y el 20% de la red de alumbrado público.



El presidente Guillermo Lasso llegó la noche del lunes a la zona, a 222 kilómetros al sur de Quito, y dispuso la gestión de varios ministerios para ayudar a los damnificados, algunos de los cuales seguían evacuando sus casas de zonas aledañas, también amenazadas, con la ayuda de vehículos militares y policiales.



El jefe del Cuerpo de Bomberos de Quito, Esteban Cárdenas, aseguró a radio Sonorama que la zona está cubierta por más dos millones de metros cúbicos de tierra, lodo y rocas que han sepultado viviendas de hasta de tres pisos, lo que dificulta el trabajo de los perros entrenados e impide la utilización de equipo tecnológico que detecta vida hasta bajo tres metros de profundidad.



El deslizamiento de la ladera de una montaña dejó una área arrasada de unos 150 metros de ancho por unos 700 metros de largo que ha sido aislada con cintas amarillas con letras negras en las que se lee “Peligro”. A unos 100 metros del lugar sobrevivientes y familiares se concentran en un sitio conocido como Puente Negro a la espera de noticias.



A fines de febrero las autoridades habían alertado sobre el riesgo de movimientos de tierra en esa zona debido a la intensa temporada de lluvias y habían habilitado albergues en al menos seis municipios. Hasta allí están llegando víveres desde otras partes del país para alimentar a los refugiados.

Ecuador: Recuperan cuerpo de una niña tras horas de búsqueda

El Tribunal Constitucional chileno rechazó el martes un requerimiento de la oposición derechista para que declarara inconstitucionales los indultos otorgados por el presidente Gabriel Boric a siete condenados por delitos violentos en el marco del estallido social de 2019.



Boric indultó el 30 de diciembre a 12 convictos por los hechos de violencia en el marco de las masivas protestas de 2019 y a un condenado por robo bancario, una decisión que derivó en una crisis política y en una baja de la aprobación presidencial, según coincidentes encuestas. Ahora, el Constitucional da la razón al mandatario sobre la constitucionalidad del indulto que perdonó el cumplimiento de la pena.



El ministro Rodrigo Pica explicó que los indultos “se ajustan a la constitución”.



Doce de los indultados estaban condenados a penas de entre tres y 15 años de cárcel por atropellar a un policía, incendio, porte y/o lanzamiento de bombas incendiarias y robo, en el marco del estallido de hace casi cuatro años. Varios tenían condenas por delitos previos a 2019. Uno de ellos, Luis Castillo, tenía cinco condenas previas.



El último perdonado, Jorge Mateluna, es un exguerrillero condenado a cadena perpetua por el robo a un supermercado en el que murió un guardia, delito por el que fue indultado en 2006. En 2016, fue condenado a 16 años de prisión por participar en un robo bancario. Entre los indultos revisados por el tribunal estuvieron los de Castillo y Mateluna.



La oposición afirmó ante el tribunal que en el caso de Mateluna, el mandatario buscó con su indulto “revisar sentencias firmes y ejecutoriadas”. También cuestionó el fundamento de los decretos de indulto.



Tras anunciar los indultos, Boric defendió que “estos son jóvenes que no son delincuentes… Es un compromiso personal que yo tenía”. Sobre Mateluna, indicó estar convencido de su inocencia.



Sin embargo, una semana después aceptó la renuncia de su ministra de Justicia y de su jefe de gabinete porque “hubo desprolijidades en la ejecución de mi decisión”. La vocera de gobierno, Camila Vallejo, declaró que no se cumplió la exigencia de que los perdonados no tuviesen “antecedentes complejos previos al estallido”.



El tema de los indultos reflotó con fuerza el fin de semana luego de que el viceministro del Interior, Manuel Monsalve, aseverara que los antecedentes delictivos estaban contenidos en los informes presentados a Boric para aprobar los indultos. Esto contradice a la exministra Vallejo, que había indicado que “la situación habría sido distinta” si el mandatario hubiera tenido a la vista los prontuarios.



La situación se tornó más compleja luego de que el medio en línea Ex-Ante informara que tuvo acceso a un informe de la policía de prisiones que señaló que sólo tres de los convictos estaban en condiciones de ser indultados y que en los restantes 10 había riesgo de reincidencia delictiva si eran liberados.



Las dos coaliciones de Boric también se dividieron frente al tema: el bloque izquierdista más cercano a él los respalda, mientras la centroizquierda criticó el momento en que se cursaron, porque derivó en el quiebre de una mesa de negociaciones con la oposición que estaba próxima a firmar un acuerdo para enfrentar el alza de la delincuencia.

En Chile el Tribunal declara constitucionales los indultos de Boric

Las lluvias en la costa norte del Pacífico de Perú, provocadas por el ciclón Yaku, dejaron cinco muertos, inundaciones y derrumbes de casas de madera cercanas a ríos, varias de ellas en la capital, informaron el lunes las autoridades.



La Defensa Civil indicó que la víspera una masa de tierra mojada -pegada a una carretera en la norteña región Ancash- cayó sobre dos autobuses y una camioneta dejando cuatro fallecidos y 20 heridos. En la ciudad de Chiclayo, ubicada en la región Lambayeque, un hombre de 33 años murió electrocutado al tocar un cable de energía de un semáforo en una calle inundada.



En la zona norte de Lima unas 30 casas de madera construidas en la ribera del río Chillón fueron afectadas desde la madrugada luego de que el río aumentó su caudal y comenzó a llevarse poco a poco la ribera, donde han sido construidas viviendas precarias.



Celedonia Chota, madre de tres, dijo a la televisora local Panamericana que ha vivido por ocho años al lado del río porque no puede comprar una casa en un mejor lugar. Indicó que despertó en la madrugada cuando sus perros ladraban. La mujer observó cómo su casa era arrastrada por la corriente del río que se llevó sus paredes, ventanas de madera, mesa, sillas y escasas pertenencias. Chota recuperó algunos patos y gallinas que criaba en su patio.



Las lluvias continuaban cayendo con fuerza en cinco regiones de la costa norte del Pacífico peruano, incluyendo la ciudad de Chepén, en la región La Libertad, que amaneció otra vez inundada como la semana pasada y con las paredes desplomadas de su antiguo cementerio. Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología de Perú, los desbordes e inundaciones son impulsadas por el ciclón Yaku presente en el Pacífico Sur frente a las costas de Perú y Ecuador.



El gobierno de la presidenta Dina Boluarte postergó el lunes por una semana el inicio de las clases escolares en nueve regiones, incluida Lima. También declaró un estado de emergencia por dos meses para la tercera parte de los distritos capitalinos cercanos a ríos y a la costa del Pacífico.

Perú: Lluvias dejan cinco muertos, inundaciones y derrumbes

Miles de peruanos provenientes de zonas remotas de los Andes protestaron el jueves en la capital del país para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y apoyar a su antecesor Pedro Castillo, en una jornada en la que se registraron choques con la policía y dos muertos en el interior.



En la más reciente de las manifestaciones que por más de un mes han sacudido a la nación y que han dejado al menos 55 víctimas mortales, los manifestantes caminaron por las calles del centro histórico de Lima y tras acercarse a la icónica plaza San Martín cientos de agentes les impidieron el ingreso.



Los manifestantes se mantuvieron en una calle cercana de forma pacífica. Algunos lanzaron piedras a los policías, que respondieron con bombas lacrimógenas. Las autoridades también desalojaron a varias personas que se encontraban en un parque aledaño.



En otras regionales del país, como Cusco y Arequipa, también se registraron manifestaciones y algunos intentos de tomar los aeropuertos locales, según las autoridades.



La presidenta Boluarte criticó por la noche las protestas por no tener “ninguna agenda social que el país necesita” y cuestionó quién financia a los manifestantes.



“Ustedes quieren quebrar el estado de derecho, quieren generar caos y para dentro de ese caos y desorden tomar el poder de la nación. Están equivocados”, dijo la mandataria.



Por la noche, un viejo edificio cerca de la zona de las manifestaciones se incendió y los bomberos intentaban apagar el fuego que se extendía varios metros hacia el cielo.



El jefe de los bomberos, Luis Ponce, dijo que desconocía el origen del incendio y si tenía alguna relación con las protestas. Añadió que no hubo lesionados.



Hasta ahora las protestas se habían registrado principalmente en el sur de los Andes, y aunque esta semana hubo algunas en Lima, la del jueves fue la mayor desde el inicio de las manifestaciones.



Las protestas comenzaron después de que Boluarte, quien era vicepresidenta de Castillo, juró el 7 de diciembre como nueva mandataria, pese a haber prometido exactamente un año antes que si el presidente era cesado ella renunciaría al cargo.



Castillo fue destituido tras un intento fallido de disolver el Congreso.



La Defensoría del Pueblo informó el jueves que un hombre pereció en choques con la policía en la región de Arequipa, en el sur del país, con lo cual el número muertos se elevó a 55. Mas temprano, un herido grave en otra protesta del miércoles en la ciudad sureña de Macusani, en la región del Puno, falleció.



El organismo dijo en su cuenta de Twitter que durante el choque 10 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros de salud.

Miles protestan en Perú, chocan con la policía en Lima

Lima.- Las protestas contra la presidenta peruana Dina Boluarte, que ya han dejado 50 muertos, apuntan a concentrarse de nuevo el lunes en la capital del país.



Después de varios días en los que la región sureña de Puno, donde se encuentra el visitado lago Titicaca, fue el epicentro de las manifestaciones, comunidades aimaras de la región se alistaban a viajar a Lima el lunes. En la capital se esperaba que cerca de 50.000 aimaras avivaran las movilizaciones para reclamar la marcha de Boluarte.



“A más tardar salimos este lunes. (…) queremos es viajar en unidad entre todos los pueblos aimaras”, dijo Julio Vilca, de la localidad aimara de Ilave, al diario peruano La República.



En Cusco, otra región sureña donde se encuentra la ciudadela inca de Machu Picchu, otros grupos de campesinos quechuas se preparan para partir hacia la capital.



Algunas agrupaciones de ronderos, campesinos que patrullan sus pueblos como una forma de seguridad tradicional, ya empezaron a llegar a Lima desde la región de Cajamarca, en la sierra del norte peruano, de donde es originario el destituido antecesor de Boluarte, Pedro Castillo.



La convocatoria en la capital se anunció como una “Marcha de los cuatro suyos”, en referencia a la división política del imperio incaico en cuatro jurisdicciones llamadas suyos. El mismo nombre se usó en 2000 para una de las más nutridas protestas contra el expresidente Alberto Fujimori, que gobernaba entonces tras una cuestionada reelección y huyó del país ese año en medio de escándalos de corrupción.



En los últimos días, miles de limeños han marchado desde el centro de la ciudad hasta los distritos de las clases acomodadas exigiendo la renuncia de Boluarte y el cese a la represión violenta en las protestas, que ha generado decenas de muertes en varias regiones del país.



La Confederación General de Trabajadores, el sindicato más importante del país, ha convocado a un paro nacional contra el gobierno para el próximo jueves y reclama la dimisión de Boluarte y de la impopular mesa directiva del Congreso.



Varios grupos de campesinos tenían previsto marchar el lunes en la capital.



La cifra de fallecidos en relación a las protestas creció el domingo con la muerte de José Santos Medina Vega, de 39 años, en la región amazónica de San Martín. El hombre falleció “por un accidente de tránsito vinculado al bloqueo de vías”, según el registro de la Defensoría del Pueblo.



El domingo se registraron movilizaciones, paralizaciones y bloqueos de vías en 35 provincias, la mayoría de regiones del sur del país, según reportó la Defensoría, que también informó de 99 cortes de carreteras nacionales y “una concentración por la paz y en rechazo a la paralización de actividades económicas en la provincia de San Martín”.



Cincuenta personas han muerto desde que empezó la convulsión: 41 civiles en enfrentamientos, ocho por accidentes de tránsito y hechos vinculados a bloqueos y un policía calcinado tras ser atacado por una turba, de acuerdo con el informe de la Defensoría.



Este domingo inició un estado de emergencia, que suspenden derechos fundamentales de ciudadanos, por 30 días el departamento de Lima, que incluye la capital; la región y provincia del Callao, colindante con urbe limeña; y en el sur, en Puno y Cusco; una provincia de la región Apurímac; otras dos de Madre de Dios; y un distrito en Moquegua.



Las protestas -que exigen un adelanto de elecciones generales, la renuncia de Boluarte y el cierre del Congreso- tomaron un nuevo impulso esta semana tras retomarse el miércoles 4, después de una tregua parcial por las fiestas de fin de año.



Entre los manifestantes hay quienes también reclaman que se le libere a Castillo, el antecesor de Boluarte que fue depuesto y permanece en prisión preventiva por 18 meses mientras es investigado por presunta rebelión.



Boluarte asumió el gobierno luego de que Castillo, que era presidente desde el 2021, fuera destituido por el Congreso tras intentar disolver este poder del Estado con un mensaje televisivo el 7 de diciembre. La actual mandataria era vicepresidenta y fue elegida en la misma lista con su antecesor. El Parlamento la juramentó el mismo día de la destitución de Castillo por ser sucesora constitucional.



Castillo fue detenido cuando iba en un vehículo con su comitiva en una avenida del centro de Lima. Según la Fiscalía, se dirigía a la embajada de México para buscar asilo político.

Las protestas en Perú vuelven a poner la mira en Lima

Cuarenta y cinco años después de que Pelé jugase su último partido, es difícil imaginar el fútbol moderno, o Brasil, sin él.



Geovana Sarmento, de 17 años, esperó durante tres horas en una fila para ver su cuerpo en la capilla ardiente habilitada en el estadio en el que jugó la mayor parte de su carrera. Estuvo acompañada por su padre, quien vestía una camiseta con el nombre de Pelé.



“No soy aficionada del Santos, ni mi padre lo es. Pero este jugador inventó a la selección nacional de Brasil. Fortaleció y engrandeció al Santos. ¿Cómo no respetarlo? Es una de las personas más grandes de la historia y debemos honrarla”, explicó.



Pelé será enterrado el martes en la ciudad en la que creció, se hizo famoso y ayudó a convertir en la capital mundial del fútbol. En el estadio Vila Belmiro se oficiará una misa católica antes de que su ataúd recorra las calles de Santos hasta un cementerio próximo.



Se que Luiz Inácio Lula da Silva, que asumió la presidencia del país por tercera vez el domingo, llegue a la cancha poco antes de la salida del féretro.



El astro brasileño, único que se ha coronado en tres mundiales, falleció el jueves, tras una batalla contra el cáncer. Tenía 82 años.



Miles de dolientes, desde estudiantes de secundaria hasta jueces de la Corte Suprema, rindieron homenaje a Pelé el lunes en el centenario estadio que fue testigo de cómo convertía al equipo de su ciudad en uno de los mejores del país. El ataúd, envuelto en las banderas de Brasil y del Santos, estaba ubicado cerca del centro del campo del Vila Belmiro.



La histórica cancha, con capacidad para 16.000 espectadores, estaba rodeada de aficionados de luto y decorado, en su interior, en homenaje al astro. Los hinchas que salían del estadio contaron que habían esperado tres horas en fila bajo un sol abrasador.



Caio Zalke, un ingeniero de 35 años, esperó la fila vestido con una camiseta de la Verdeamarela. “Pelé es el brasileño más importante de la historia. Hizo el fútbol importante en Brasil a hizo que Brasil fuera importante para el mundo”, comentó.



En las décadas de 1960 y 1970, Pelé fue quizás el deportista más famoso del mundo. Se reunió con presidentes y monarcas, y una guerra civil en Nigeria entró en una pausa para que los combatientes pudiesen verlo jugar. Muchos brasileños consideran que colocó a su país por primera vez en el escenario mundial.



Numerosas camisetas con el 10 de Pelé fueron colocadas detrás de uno de los arcos y se agitaban con el viento veraniego. Un parte de la grada se llenó con ramos de flores de los asistentes o enviados por clubes y figuras del fútbol — incluyendo Neymar y Ronaldo — desde todo el mundo. Por los altavoces, sonaba la canción “Eu sou Pelé” (Yo soy Pelé), grabada por el propio ídolo brasileño.



Los asistentes eran en su mayoría de la ciudad, aunque algunos viajaron desde lejos. Muchos eran demasiado jóvenes para haber visto jugar a Pelé en vivo. El ambiente era distendido y quienes salían de la cancha, equipados con camisetas del Santos y de Brasil, iban a bares próximos.



“Nunca lo vi jugar, pero amar a Pelé es una tradición que se transmite de padre a hijo en Santos. Aprendí su historia, vi sus goles y entiendo que Santos es importante porque él es importante”, relató Claudio Carrança, un vendedor de 32 años. “Sé que algunos aficionados de Santos tienen hijos que apoyan a otros equipos, pero es solo porque nunca vieron a Pelé en acción. Si lo hubieran visto, sentirían esta gratitud que siento yo ahora”.



Entre los presentes estaba Manoel María, descrito como el mejor amigo de Pelé y quien también jugó en el club.



“Si yo tuviera toda la riqueza del mundo, aun así no podría pagar lo que este hombre hizo por mí y por mi familia. Fue un gran hombre y jugador, el mejor de todos los tiempos”, indicó. “Su legado durará más que todos nosotros, y ello puede apreciarse en esta larga fila que hay aquí, con gente de todas las edades”.



Por su parte, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo a reporteros que cada país debería rebautizar un estadio con el nombre de Pelé.



“Estoy aquí muy emocionado, triste pero también sonriente porque él nos dio muchas sonrisas”, apuntó Infantino. “En la FIFA rendiremos un homenaje al Rey y pedimos que todo el mundo guarde un minuto de silencio”.



Otro de los aficionados y amigos que acudió a la capilla ardiente fue Gilmar Mendes, juez de la Corte Suprema.



“Es un momento muy triste, pero estamos viendo ahora el significado real de este jugador legendario para nuestro país”, dijo Mendes a la prensa. “En mi oficina hay camisetas firmadas por Pelé, así como una foto autografiada por él de cuando jugó de arquero. Hay DVDs, fotos y una gran colección de artículos relacionados con él”.



Pelé luchaba contra un cáncer de colon desde 2021. El centro médico donde estuvo hospitalizado informó que falleció a causa de una insuficiencia orgánica múltiple como resultado del cáncer.



A lo largo de su sobresaliente carrera, Pelé llevó a Brasil a conquistar las Copas del Mundo de Suecia 1958, Chile 1962 y México 1970. Sigue siendo el máximo goleador de la selección con 77 tantos, una cifra igualada por Neymar en el reciente Mundial de Qatar.

Brasil se alista para enterrar a Pelé en la meca del fútbol

Buenos Aires.- La mexicana Elena Alcántara no compra más ropa y dejó de ir a restaurantes. El chileno Pedro Serrano reemplazó la carne vacuna por el pescado enlatado, que es más barato, y en Uruguay María Fulquere recurre a las ollas populares para poder comer.



Son los efectos de la inflación que a excepción de Venezuela y Argentina -que han lidiado con este problema durante largos años- reapareció con fuerza en América Latina y el Caribe luego de una etapa de relativa estabilidad.



Alcántara, de 32 años, afirmó a The Associated Press días atrás en un mercado de la Ciudad de México que este año prescindió de algunos gustos como salir a comer afuera y su familia aprendió “a comprar lo esencial» para que rinda su salario de 258 dólares mensuales en una guardería infantil.



Así, redujo de tres a una vez por semana las compras de carne para sus padres y su pareja y ella misma prepara las tortillas de maíz.



Serrano, de 43 años y con dos hijos, dijo que “es muy brutal la inflación” y explicó que los chilenos se ajustan el cinturón “ya sea comiendo menos carne, ya sea teniendo muy en cuenta los viajes en auto para no gastar bencina (gasolina)”.



Este empleado de un local comercial señaló que acude menos al supermercado porque en las ferias barriales de verduras «uno puede encontrar oportunidades” para lidiar con la disparada de precios.



En el último año la guerra de Ucrania y Rusia disparó el precio de los combustibles y alimentos, profundizando el alza en el costo de vida que había comenzado durante la pandemia de COVID-19 por las restricciones que afectaron la producción e impactaron en la oferta de bienes.



México registró en agosto una inflación anual de 8,7 %, la mayor en más de dos décadas, mientras Chile cerró 2021 con un índice de 7,2 % -el más alto en 14 años-, que no cedió hasta llegar al 13,3 % interanual en noviembre último.



El alza de precios ha desatado protestas de sectores productivos, sindicatos y organizaciones políticas y ha obligado a los gobiernos a actualizar los salarios, subsidiar la energía e incrementar las ayudas para apaciguar el descontento social.



En junio en Ecuador se produjo un levantamiento indígena que paralizó al país en demanda de la reducción del precio de la gasolina, mientras que Argentina es escenario de constantes protestas de organizaciones que agrupan a desempleados y trabajadores del sector informal, cuyos magros ingresos no paran de licuarse.



En Uruguay la suba de precios ha obligado a los más humildes a recurrir a ollas populares organizadas por las autoridades y los vecinos.



Fulquere, de 65 años, hacía fila días atrás junto a una veintena de personas en La Teja, una zona de Montevideo con viviendas de techos de chapa. Allí una mujer reparte guisos y verduras a unas 200 personas por día.



La mujer, que vive con sus tres hijas y dos nietas, dijo sentir el peso del alza de precios «en las cosas básicas: la leche o el pan, los fideos, el aceite está carísimo». Fulquere cobra una pensión mínima de 400 dólares al mes, cuatro veces menor al valor de la canasta básica para cuatro personas. “La olla ayuda”, sostuvo.



Según el Fondo Monetario Internacional la región finalizaría este año con un alza en el índice de precios al consumidor de 14,6 % respecto de 2021.



Los que sufrirían más son Venezuela, con 220 %; seguido por Argentina, con 95%, países donde esta distorsión se ha convertido en la regla desde hace mucho tiempo.



Siguen Chile, con 12,2 %; Colombia, con 11 %; Uruguay, con 8,9 %; México, con 8,5 %; Perú, con 6,8 %; Brasil, con 6 %; Bolivia, con 4,2 %, y Ecuador, con 3,8 %, acotó el informe “Perspectivas Económicas para las Américas: Navegando condiciones financieras más restrictivas”, publicado por el FMI en noviembre.



Varios países -como Brasil- han logrado en los últimos meses desacelerar los precios con políticas como la suba de las tasas de interés y, según el Fondo, en 2023 se espera que la inflación disminuya en la región hasta alcanzar 9,5 %, una tasa todavía elevada.



Las presiones inflacionarias obedecen a las restricciones durante la pandemia, la adopción de políticas fiscales expansivas y el efecto que la guerra ha tenido desde marzo en los precios de la energía y los alimentos.



El Comité Latinoamericano de Asuntos Financieros indicó que en América Latina -con excepción de Argentina y Venezuela- la inflación comenzó a acelerarse a mitad de 2021 al mismo tiempo que en Estados Unidos.



El incremento del precio de los alimentos está golpeando a los hogares más pobres e incrementando el hambre, alertaron en un informe conjunto la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos.



A su vez, la fuerte suba de los fertilizantes incidiría en un peor rendimiento de las cosechas.



Y como los salarios no se actualizan según la inflación, este año 1,8 millones de personas ingresarían a la pobreza extrema hasta sumar un total de 81,8 millones en toda la región.



En varios países latinoamericanos se encendieron las alarmas y se aplicaron medidas para abaratar los alimentos. México, donde su valor subió por encima del 14 % este año, impulsa un plan de siembra para avanzar en el autoabastecimiento de productos clave como el maíz o el frijol mediante ayudas directas y asesoramiento técnico a los agricultores. Además, suspendió por un año los aranceles de importación de 21 alimentos.



Colombia subsidiará los insumos agropecuarios que se utilicen para producir alimentos y El Salvador ordenó la exoneración de impuestos a productos importados como el aceite, el arroz y el azúcar al tiempo que subsidia los combustibles.



Otros países han recurrido a los controles de precios. El gobierno del presidente argentino Alberto Fernández lo hace con cientos de artículos de la canasta básica y el del mexicano Andrés Manuel López Obrador con más de 20.



La CEPAL y Naciones Unidas han instado a los gobiernos a reactivar la asistencia estatal con programas de alimentación que se establecieron en escuelas y comedores populares durante la pandemia.



En Venezuela, que experimenta un alza sostenida de precios impulsada por la devaluación de su moneda después de varios meses de estabilidad, más de siete millones de personas dependen de uno de los programas de asistencia alimentaria del gobierno.



Cuba tiene uno de los escenarios más complejos, ya que atraviesa al mismo tiempo un alza del costo de vida y un fuerte desabastecimiento de productos básicos. La inflación en la isla fue de 77,3 % el año pasado.



En la región destaca el fenómeno de Bolivia, cuya baja tasa de inflación -en comparación con las de sus vecinos- obedece en parte a los subsidios al precio de los carburantes y al cambio fijo del dólar respecto del peso boliviano. La contracara ha sido una pérdida de las reservas internacionales y un mayor endeudamiento.



Según cálculos del gobierno y el FMI, se prevé que ese país cierre 2022 con una inflación de entre 3,2 % y 4,2 %.

América Latina sufre una inflación que causa hambre y pobreza

En América Latina y el Caribe el número de personas con hambre superó los 56 millones en 2021, debido al incremento del precio de los productos básicos y el aumento de la pobreza extrema, comunicaron este martes la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (WFP) en un informe conjunto.



«El número de personas en la región que padecen hambre aumentó en 13,2 millones, hasta llegar a 56,5 millones», detalló el informe elaborado «en respuesta a la crisis alimentaria mundial», y presentado por las tres instituciones de la ONU en Santiago, capital de Chile.



En paralelo, en 2021 la inseguridad alimentaria afectó al 40,6% de la población de la América Latina y el Caribe. Un total de 267,7 millones de personas se vieron afectadas; 62,5 millones más que en 2019.



Según el informe, «el aumento de la inflación de alimentos y de la pobreza extrema es uno de los factores que incrementan la inseguridad alimentaria y el hambre».



La inflación de los alimentos «aumenta el riesgo de hambre» y el alza del precio internacional de los productos básicos, cuyo aumento promedio alcanzó un 11,7% en septiembre pasado, se traspasa a los consumidores, agregó el texto, informó la agencia de noticias AP.



La Cepal y el WFP estiman que la incidencia de la pobreza extrema en la región aumentaría 0,2% en 2022 y podría alcanzar a las 81,8 millones de personas.



El informe también sostiene que las diversas crisis internacionales de los últimos 15 años, comprometieron el acceso de la región a los alimentos y a insumos claves como los fertilizantes para la agricultura regional.



«El hambre aumentó en la región en un 30% entre 2019 y 2021. La alta dependencia de la importación de fertilizantes y la variación de los precios de los alimentos tiene un impacto negativo e inevitable en los medios de vida, principalmente de la población rural, y en el acceso a una dieta saludable», dijo Mario Lubetkin, representante regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).



Lubetkin recomendó fortalecer los sistemas de protección social en las zonas rurales, particularmente orientados a agricultores familiares, y eliminar las restricciones al comercio internacional de alimentos y fertilizantes ya que serán medidas clave en el proceso de respuesta a la actual crisis.

Associated Press