Brambilla negó haber entregado el terreno en disputa y pidió una solución habitacional para la familia desalojada

CRESPO.- El exintendente de Crespo, Juan Carlos "Cachi" Brambilla, decidió intervenir públicamente en la polémica por el terreno ubicado en calle Catamarca al 1400, en barrio San José, donde una mujer denunció a la Municipalidad por la demolición de una vivienda y la ocupación de un predio que considera parte de su historia familiar.

En declaraciones a Radio SOLNoticias, Brambilla buscó aclarar su participación en los antecedentes del caso luego de que su nombre fuera mencionado reiteradamente por Andrea Hernández, quien sostiene que el exjefe comunal habría otorgado el terreno a su familia décadas atrás.

"Yo nunca entregué ese terreno ni podía hacerlo", afirmó Brambilla, al tiempo que recordó que ningún intendente tiene facultades para adjudicar inmuebles municipales de manera directa sin cumplir con los procedimientos legales establecidos.

Los orígenes del conflicto

Según relató el exintendente, la historia se remonta a finales de la década de 1980, durante la construcción de los complejos habitacionales de la zona. En aquel entonces, una familia de apellido Sosa ocupaba una vivienda precaria ubicada en el sector donde se proyectaban nuevas unidades habitacionales.

Brambilla explicó que intervino únicamente como nexo entre esa familia y una mujer de apellido Gadea, quien tenía algún vínculo con la propiedad.

"Yo acerqué a las partes para que dialogaran. Sosa no tenía dónde vivir y la señora Gadea tenía esa vivienda. Se pusieron de acuerdo para que él permaneciera allí hasta que fuera requerido el lugar", recordó.

Según su versión, desde entonces la familia Sosa habitó el inmueble durante décadas, realizó conexiones de servicios y ejerció una posesión efectiva sobre el lugar.

Entre lo legal y lo legítimo

Más allá de la situación jurídica, Brambilla planteó una mirada social sobre el conflicto y sostuvo que el caso merece una respuesta que contemple la realidad de la familia involucrada.

"La chica defiende como cualquiera su lugar donde vive. Eso es lógico", expresó.

Si bien evitó cuestionar las resoluciones judiciales que respaldan la posición del municipio, insistió en diferenciar los aspectos legales de lo que considera una situación legítima construida a partir de casi cuatro décadas de ocupación y permanencia en el lugar.

"Yo hablo de lo legal y de lo legítimo. Después de tantos años, entiendo que ella siente que ese lugar le pertenece porque allí vivieron sus abuelos, sus padres y ella misma", señaló.

Un pedido al municipio

Durante la entrevista, Brambilla manifestó preocupación por la situación habitacional de Andrea Hernández tras el desalojo concretado en las últimas horas y consideró que el municipio podría intervenir para encontrar una alternativa.

"No me gustaría ver personas de Crespo en la calle. Creo que la Municipalidad tiene capacidad para dar una solución, aunque sea una parcela pequeña para que puedan levantar una pieza y un baño", sostuvo.

En ese sentido, sugirió explorar alternativas que permitan compatibilizar el interés municipal sobre el terreno con una respuesta social para la familia afectada.

"No digo que le entreguen todo el terreno. Pero siempre el municipio tiene más posibilidades que una persona que no tiene recursos. Estoy seguro de que podría encontrarse alguna salida razonable", afirmó.

"Nunca tuve potestad para entregar tierras"

Uno de los principales objetivos de su aparición pública fue despegarse de las versiones que lo señalaban como responsable de una eventual cesión del inmueble.

"Salgo a hablar porque me nombraron y algunos decían que yo tenía que aclarar esta situación. Yo no tengo ningún problema en dar la cara", expresó.

Brambilla recordó que durante sus años de gestión las adjudicaciones de terrenos se realizaban mediante procedimientos institucionales, con intervención del Concejo Deliberante y organismos provinciales, como ocurrió con distintos planes habitacionales desarrollados en la ciudad.

"Ninguna vivienda ni ningún terreno se entregaban por decisión personal del intendente. Había mecanismos legales y administrativos que respetar", enfatizó.

Mientras tanto, el conflicto continúa sumando repercusiones. Desde el municipio sostienen que el terreno pertenece al Estado local, que existen tres fallos judiciales favorables a esa postura y que la ocupación carecía de respaldo documental. Del otro lado, Hernández insiste en que la propiedad forma parte de la historia de su familia y reclama asistencia para recuperar un lugar donde vivir.