Avanzarán en la agenda de transparencia para Entre Ríos

En un esfuerzo conjunto por fortalecer la transparencia y la ética en la administración pública, representantes de diversas áreas del Gobierno provincial y autoridades legislativas de Juntos por Entre Ríos se darán cita la próxima semana para iniciar la elaboración de textos normativos. Estas iniciativas formaron parte del compromiso de campaña del actual gobernador, Rogelio Frigiero, quien busca materializar sus propuestas a través de leyes que refuercen la integridad en el ámbito gubernamental.

Entre las principales áreas de enfoque se encuentran la ley de ficha limpia, ética pública, acceso a la información y extinción de dominio, temas cruciales que pretenden sentar las bases para una gestión transparente y responsable.

Estas propuestas, inicialmente presentadas como parte de la plataforma electoral de Frigiero, ahora se materializan en una mesa de trabajo que contará con la participación de destacados funcionarios. Entre ellos, se destacan el secretario de Justicia, Martín Acevedo Miño; Esteban Vitor, secretario Legal y Técnico de la Gobernación; el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein; Julián Maneiro, secretario de Asuntos Políticos, y el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello. Además, se espera la contribución de un representante del Senado, consolidando así la cooperación entre los poderes ejecutivo y legislativo.

En paralelo a estos esfuerzos, la diputada Lena y un grupo de legisladores provinciales del oficialismo han presentado una iniciativa propia ante la Cámara. En respuesta, desde el Ejecutivo aclararon que este proyecto es "a manera individual" por parte de la legisladora.

El texto propuesto por Lena aborda la inhabilitación transitoria o permanente de ciudadanos de la Provincia de Entre Ríos con antecedentes penales que busquen postularse a cargos públicos, ejercer cargos partidarios, gremiales o en instituciones gubernamentales. Además, establece requisitos para los partidos políticos, gremios, instituciones gubernamentales, colegios de profesionales y asociaciones al solicitar el Certificado de Antecedentes Penales de cada candidato.

La iniciativa presentada no hace distinción entre cargos electivos provinciales y nacionales, estableciendo condiciones tanto para la jurisdicción provincial como para las regulaciones nacionales. La inhabilitación transitoria se aplicaría a aquellos inscritos en el Registro Nacional de Reincidencia y a ciudadanos condenados penalmente, incluso si la sentencia no está firme y la pena es de cumplimiento en suspenso. Por otro lado, la inhabilitación permanente se reserva para aquellos con antecedentes penales o con una condena en instancia superior, incluso si la sentencia no está firme.

Cabe destacar que el texto presentado en la Cámara de Diputados contiene únicamente el articulado, sin la anexa fundamentación que suele acompañar a estos proyectos.