Allende niega irregularidades y denuncia uso político del proceso judicial

Tras conocerse la resolución del Juzgado Federal que dispuso el procesamiento del dirigente sindical José Ángel Allende, junto a integrantes de su familia y entorno cercano, la defensa técnica del exlegislador emitió un comunicado en el que reafirma su inocencia y denuncia la utilización política de la causa.

La medida judicial fue dictada el lunes 30 de junio y, según informó la defensa, no está firme y será apelada ante una instancia superior. "El auto de procesamiento no constituye una sentencia condenatoria ni implica culpabilidad alguna", se sostiene en el documento, que remarca que se trata de una resolución preliminar.

Pericia oficial en el centro del reclamo

Uno de los principales argumentos de la defensa radica en los resultados de la pericia contable oficial realizada durante la instrucción, la cual —según aseguran— no acreditó la existencia de un incremento patrimonial ilícito ni desproporciones injustificadas entre ingresos y egresos.

“La pericia reconoce ingresos no contemplados originalmente en la acusación y aporta coherencia contable a la evolución patrimonial de Allende”, señala el escrito. En esa línea, cuestionan que el juez haya optado por desconocer el valor técnico de la pericia y adoptado “sin más” la versión del Ministerio Público Fiscal, lo que —afirman— “viola el principio de imparcialidad”.

"Una narrativa penal sin sustento"

Desde el equipo defensor se advierte sobre la construcción de una “narrativa penal sin sustento fáctico ni respaldo técnico sólido” y se afirma que podría tratarse de “el primer caso en la historia judicial argentina” en que se procesa a imputados con una pericia oficial favorable.

También indican que han presentado documentación respaldatoria, como informes económicos, declaraciones impositivas y movimientos bancarios, que, junto con la pericia, “descartan la existencia de delito”.

Acusaciones de intencionalidad política

El comunicado apunta además a una presunta explotación mediática y judicial con fines políticos, que —según sostienen— busca afectar la imagen pública del dirigente, históricamente vinculado al sindicalismo estatal en Entre Ríos. “A lo largo de su trayectoria, Allende ha enfrentado poderosos intereses corporativos”, remarcan.

Involucramiento de familiares

La defensa también repudió la imputación de familiares del dirigente, quienes —señalan— no han ejercido funciones públicas ni están involucrados en maniobras delictivas. Atribuyen su inclusión a una estrategia “estigmatizante” y “punitivista”, que también será impugnada judicialmente.

Finalmente, el documento subraya que Allende ha estado siempre a disposición de la Justicia, entregando la totalidad de su información patrimonial, bancaria y fiscal, sin obstaculizar el proceso. “Confía en el Poder Judicial imparcial y en el valor de la prueba objetiva”, concluye el texto difundido públicamente.