Agmer cuestionó los alimentos para comedores escolares y llevó el reclamo a la Justicia
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El gremio docente rechazó el sistema centralizado de provisión y advirtió sobre el contenido de los productos entregados en las escuelas. Los abogados que impulsan el amparo colectivo cuestionaron el cumplimiento de la Ley de Etiquetado Frontal y anticiparon nuevas presentaciones ante la Justicia.
La provisión de alimentos para los comedores escolares de Entre Ríos volvió a quedar en el centro de la discusión. Este miércoles, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) realizó una conferencia de prensa en Paraná para expresar su rechazo al sistema centralizado implementado por el Gobierno provincial y cuestionar las características de los productos que reciben los establecimientos educativos.
El encuentro estuvo encabezado por el secretario general de Agmer, Abel Antivero, junto a los abogados Rubén Pagliotto y Verónica Fischbach y la representante de la Fundación Cauce, Valeria Enderle.
El planteo se vincula además con el amparo colectivo ambiental que tramita ante el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ), iniciado a partir de cuestionamientos al esquema de alimentación y al contrato adjudicado a la empresa Teknofood SA.
Agmer: “La alimentación forma parte de las condiciones de aprendizaje”
Durante la conferencia, Antivero sostuvo que la intervención del sindicato en el conflicto está relacionada directamente con las condiciones en las que se desarrolla la actividad educativa.
El dirigente planteó que la alimentación de los estudiantes no puede ser considerada un aspecto secundario, ya que tiene incidencia sobre el aprendizaje y el desarrollo de niños y adolescentes.
En ese marco, cuestionó los fundamentos utilizados para justificar la calidad de los productos distribuidos en los comedores.
“En ningún momento se fundamentó lo que tiene que ver con la calidad de los productos. No son alimentos, sino productos”, afirmó.
Antivero también cuestionó la política oficial al sostener que “el Gobierno utiliza la alimentación como una variable de ajuste”.
El cuestionamiento por los productos ultraprocesados
Uno de los principales ejes de la presentación estuvo relacionado con el cumplimiento de la Ley de Etiquetado Frontal (Ley 27.642).
El abogado Rubén Pagliotto cuestionó que determinados productos incluidos en las entregas a las escuelas presentarían múltiples sellos de advertencia nutricional.
Para graficar la situación, mencionó el caso de un budín que, según sostuvo, presenta cuatro octógonos.
“Imagínese un budín marca X que tiene cuatro octógonos, no uno, cuatro; es decir, supera en 300% el máximo permitido”, señaló.
Pagliotto sostuvo además que existe evidencia científica y recomendaciones de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Unicef respecto de la presencia de productos con sellos de advertencia en los ámbitos educativos.
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El amparo colectivo llegó al Superior Tribunal de Justicia
La abogada de Agmer, Verónica Fischbach, explicó la situación judicial del reclamo y recordó que el Ejecutivo provincial apeló la medida cautelar que había frenado la distribución de determinados productos ultraprocesados.
Según planteó, la discusión se encuentra ahora en el ámbito del STJ entrerriano, donde se analiza la situación planteada por los amparistas.
Fischbach cuestionó además la información y documentación presentada por el Estado provincial durante el proceso judicial.
Entre los ejemplos mencionados durante la conferencia, señaló la presencia de múltiples sellos de advertencia en algunos de los productos destinados a los establecimientos educativos:
“Seis sellos tiene el budín, dos tienen las galletitas y dos tienen los cerealitos”.
También cuestionan la logística de distribución
El reclamo no se limita al contenido nutricional de los productos. Desde Agmer también se habían señalado cuestionamientos relacionados con el sistema de distribución y almacenamiento.
La seccional Uruguay del gremio había advertido que el esquema contempla seis entregas anuales, lo que obligaría a las escuelas a almacenar grandes cantidades de alimentos durante períodos prolongados.
Según el planteo sindical, esto podría generar dificultades en establecimientos que no cuentan con infraestructura suficiente para conservar determinados productos y aumentar el riesgo de vencimientos.
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Más de 400 adhesiones al amparo
Durante la conferencia, Fischbach informó que el reclamo cuenta con un importante nivel de adhesión.
“Tenemos firmas de más de 400 personas; tenemos la adhesión de CTA, de Ctera y de gremios de todas las provincias”, indicó.
Los interesados en incorporarse al amparo tienen plazo hasta este domingo, según explicaron los representantes legales, debido a que se trata de una acción constitucional y los plazos procesales continúan corriendo.
La definición quedará ahora en manos de los nueve integrantes del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.
Los impulsores del reclamo anticiparon además que, en caso de no obtener una respuesta favorable en la Justicia provincial, mantienen la posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, eventualmente, ante organismos internacionales.
La discusión que atraviesa a los comedores escolares
El conflicto combina así una discusión sobre alimentación, salud, educación y políticas públicas, con una disputa judicial en torno al sistema de provisión de alimentos implementado por la Provincia.
Mientras el Gobierno sostiene su esquema de abastecimiento para los comedores escolares, Agmer y las organizaciones que acompañan el amparo reclaman mayores garantías sobre la calidad nutricional, el cumplimiento de las normas de etiquetado y las condiciones de almacenamiento y distribución de los productos destinados a las escuelas entrerrianas.
