Abigeato en Entre Ríos: FAA reclama respuestas judiciales ante los robos reiterados de hacienda
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Matías Martiarena, director del Distrito III de Federación Agraria Argentina (FAA), advirtió sobre la situación de los productores rurales, especialmente en la zona de Bovril. También se refirió al riesgo de inundaciones y al pedido de declarar la Emergencia Agropecuaria en las zonas afectadas por las crecidas de los ríos Paraná y Uruguay.
El robo reiterado de ganado y la falta de respuestas judiciales efectivas generan preocupación entre los productores rurales de Entre Ríos. Así lo planteó Matías Martiarena, director del Distrito III de Federación Agraria Argentina (FAA), quien reclamó medidas para fortalecer la prevención del abigeato y garantizar mayor seguridad en los establecimientos agropecuarios.
Al referirse a la situación de la zona de Bovril, describió cómo los robos modifican la vida cotidiana de los productores, que deben extremar las medidas de vigilancia e incluso encerrar a los animales al caer la tarde en corrales cercanos a sus viviendas.
Tras una reunión con autoridades provinciales, jefes policiales y representantes del sector agropecuario, Martiarena valoró el compromiso de reforzar los recursos para combatir estos delitos, mediante drones, visores térmicos y una mayor presencia policial. Sin embargo, sostuvo que la prevención debe complementarse con investigaciones y consecuencias judiciales concretas.
Reclaman fiscalías especializadas en delitos rurales
Para Martiarena, uno de los principales problemas es la reiteración de los robos sin que, según los testimonios recogidos por los productores, se produzcan respuestas judiciales proporcionales a las pérdidas acumuladas.
En ese sentido, propuso avanzar hacia la creación de fiscalías especializadas en delitos rurales y mejorar la coordinación entre la Policía, los fiscales y los productores afectados.
“El robo reiterado de hacienda no puede tratarse como una sucesión de delitos menores cuando las pérdidas acumuladas afectan gravemente el capital de los establecimientos”, afirmó.
El dirigente señaló que, si bien el robo de un solo animal puede representar un perjuicio acotado en determinados casos, la situación cambia cuando los hechos se repiten y las pérdidas comprometen una parte importante del patrimonio de un productor.
Durante una reunión realizada en Bovril, recordó, escucharon testimonios de productores a quienes les habían sustraído decenas de animales y que manifestaron su preocupación por la falta de consecuencias.
“La Policía hace su trabajo, pero todo indica que la puerta giratoria, para este tipo de delincuentes, sigue como si nada aconteciera”, expresó.
También planteó la necesidad de fortalecer el asesoramiento legal a los damnificados y promover investigaciones que permitan llegar a condenas efectivas.
Productores que modifican su vida cotidiana
La situación de inseguridad rural también tiene consecuencias en las rutinas de las familias que viven y trabajan en el campo.
Martiarena relató que, durante el encuentro con productores de Bovril, escucharon el testimonio de una persona que aseguró haber perseguido a dos presuntos delincuentes con disparos y latigazos.
Al referirse al episodio, advirtió que, si el productor hubiera matado a alguno de ellos, podría haber quedado involucrado en un grave problema judicial.
El dirigente remarcó que el objetivo debe ser evitar que los productores lleguen a situaciones extremas y puedan desarrollar su actividad con seguridad.
“Tratar de que la vida de esta gente cambie, y cambie para bien, y que puedan llegar a tener la tranquilidad necesaria”, expresó.
Riesgo de inundaciones y movimiento de hacienda
Por otra parte, Martiarena se refirió a la situación de los productores ganaderos ante el riesgo de inundaciones asociado al fenómeno de El Niño.
Según indicó, los relevamientos realizados junto con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) muestran una importante cantidad de cabezas de ganado en las islas, mientras comenzaba a intensificarse el movimiento de animales.
El dirigente explicó que vender hacienda antes de que alcance su terminación implica recibir un precio por kilo inferior al esperado. A esto se suman las obligaciones tributarias vinculadas con la operación, que pueden representar una carga para el productor cuando la venta responde a la necesidad de reducir riesgos y no a una decisión comercial planificada.
Según su planteo, estas condiciones pueden desalentar el traslado preventivo de los animales y aumentar la exposición de los establecimientos ante una eventual crecida que afecte las zonas ganaderas de islas y campos inundables.
Pedido de Emergencia Agropecuaria por un año
En este contexto, Martiarena destacó los avances alcanzados durante la última reunión de la Comisión de Emergencia, integrada por representantes del sector agropecuario y funcionarios provinciales.
Según informó, se acordó elevar al Poder Ejecutivo un pedido de declaración de Emergencia Agropecuaria por el término de un año, con vigencia propuesta desde el 1 de agosto.
La solicitud comprende a los departamentos afectados por las crecidas de los ríos Paraná y Uruguay, desde La Paz hasta Islas del Ibicuy.
El planteo apunta a atender la situación de los productores expuestos a las inundaciones y facilitar respuestas ante las consecuencias que las crecientes pueden generar sobre la actividad ganadera.
Así, la agenda del sector rural entrerriano combina dos preocupaciones centrales: mejorar las condiciones de seguridad frente al abigeato y contar con herramientas que permitan afrontar los riesgos productivos y económicos asociados a las inundaciones.
