Sr. Director de Paralelo 32 Victoria-Nogoyá
Don Luis E. Jacobi
Victoria E.R.

Ruego a Ud trascienda la siguiente nota en su difundido periódico.
Atentamente lo saluda
Una pasajera decepcionada
(Hay firma y debida identificación de la autora)

Días atrás tuve que viajar dentro de esta provincia de Entre Ríos en un coche de una tradicional empresa del transporte automotor de pasajeros, que tiene una amplia publicidad pregonando las supuestas bonanzas de sus servicios.
Radican estos mensajes dirigidos al público que usa el servicio, en la oferta de asientos semi-camas, aire acondicionado, calefacción, etc.
Ocurre que en varias oportunidades, como la de hace unos días atrás, esos atractivos publicitados no se dieron porque quienes íbamos en el ómnibus sufrimos el intenso frío ante el no funcionamiento de la calefacción, y del mismo modo muchas veces ocurre en la estación del verano donde brilla por su ausencia el aire acondicionado, como asimismo las butacas dejan mucho que desear.
Claro está que el pasaje se paga como si todo se brindara bien. Sería de “Argentina año verde”, pensar que se devolvería una porción del importe del boleto ante esas faltas de servicio, como ocurre en los países civilizados de lo que puedo dar fe ante situaciones análogas.
Empero, debo por otra parte destacar el comportamiento del personal: vendedores de pasajes, guardas, conductores que ponen todo su empeño para disimular estas fallas de la que no son responsables.
Ya los usuarios estamos hartos de estar hartos, parafraseando una frase usada años atrás en la muy leída columna denominada “El Mangrullo” de Paralelo 32, y requerimos soluciones ante estas irritantes situaciones que hablando mal y pronto constituyen una verdadera “tomada de pelo” al público que tiene que usar este tipo de servicio.
Es de preguntarse qué pasa con el organismo provincial de contralor, la Dirección de Transporte en su función de poder de policía que debe ejercer. ¿Por qué no se hace el control? ¿Quiénes son los funcionarios responsables de estas acciones?
Es hora de velar para que el público que, con el pago de sus impuestos mantiene a estos funcionarios, tenga su debida recompensa sancionando a empresas irresponsables que brindan muy cuestionados servicios.