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Barajar y dar de nuevo

Tras un acuerdo trunco y un fallo judicial, el Ejecutivo y el ente previsional retomaron el diálogo sobre cómo se saldará la millonaria deuda por aportes patronales • Se habla otra vez de pagar con terrenos fiscales y dinero.

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VICTORIA  13 JUL 2012 | 05:57

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Victoria.- Volvieron las negociaciones entre la Caja de Jubilaciones y Pensiones Municipal y gobierno local por la millonaria deuda que éste mantiene con el ente previsional en concepto de aportes patronales. Tras un trunco intento de acuerdo de cesión de terrenos fiscales y una suma dineraria y una acción judicial que tampoco resolvió la cuestión de fondo, ambas partes barajan nuevamente el saldo a través de tierras estatales.

Así lo dijo en primicia a Paralelo 32 el asesor letrado municipal, Héctor Marchese, quien confirmó que “el presidente municipal ha dado instrucciones precisas para avanzar en el proyecto original que es pagar el pasivo con terrenos municipales”.

En principio se ofrecería dentro del acuerdo una chacra de 6 hectáreas, al que se agregaría otro terreno que le interesa a la Caja y con estos dos inmuebles se cumpliría casi con el total de la deuda, “quedando un saldo chico que se abonaría en plazos acordados”.

El convenio que se discutió oportunamente establecía un monto total de la deuda de 2.942.900 pesos que se abonaría con la entrega de tierras fiscales: un lote de terreno baldío ubicado en calle Laprida entre 1º de Mayo y Urquiza con una superficie de 1.207 metros cuadrados tasado en 400 mil pesos; el lote 3 contiguo a la futura terminal de ómnibus de nuestra ciudad (calle por medio con el predio de la Sociedad Rural) de 14.600 metros cuadrados por un valor de 450.000 pesos y 6 hectáreas a continuación de Florencio Varela y Hornos (conocida como Chacra de Lizarzoain), tasadas en 750.000 pesos.

El saldo se pagaría con un aporte de 500.000 pesos antes del 31 de diciembre de 2011, en cuatro cuotas semestrales iguales de 210.725 pesos. La tasa establecida para la financiación era del 18 por ciento anual y los intereses que ascendían a 358.688 pesos ingresarían con la última cuota del plan el 30 de noviembre del 2011.

También en el acuerdo se establecía que para que tuviera vigencia y validez de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, los términos del convenio debían ser homologados por el Concejo Deliberante con el voto de las 2/3 partes del cuerpo.

A la Justicia

Al momento de tratar el acuerdo, el legislativo local avaló el pago, pero a través de la venta previa de esos terrenos, lo cual no fue aceptado por la Caja, que a continuación demandó judicialmente al municipio para reclamar la deuda.

Mientras el ente previsional sostenía que era el Juzgado Civil y Comercial el que debía intervenir en el caso, el gobierno local planteaba que el asunto tenía que dirimirse en el Superior Tribunal de Justicia de la provincia (STJ) “por tratarse de una cuestión contencioso administrativo originada en el no cumplimiento de un convenio que fue firmado por ambas partes y que no se cumplió por la falta de homologación del Concejo”, explicó Marchese.

Finalmente, el STJ entendió que en el caso “debía intervenir la Justicia civil en primera instancia y sólo llegar al máximo organismo a través de las sucesivas apelaciones dentro de lo que reglamenta el procedimiento jurídico”, aclaró y concluyó: “sólo se resolvió un tema instrumental y no de fondo, por lo que ahora estamos en un punto cero y todo lo debe tratar el juzgado local”.

Sobre aseveraciones realizadas días atrás a Paralelo 32 por parte del asesor legal de la Caja, Gabriel Bonell, en cuanto a que la Justicia puede intimar el pago de deudas, Marchese reiteró que “el tema no fue resuelto y  no debemos sacar otras conclusiones. Nosotros vamos a seguir planteando la misma defensa, que la Caja no puede demandar a la Municipalidad por ser parte del mismo Estado”, enfatizó.

A criterio del profesional, “jurídicamente hubiera correspondido que la Caja comunique al municipio que no habiendo homologado el Concejo el acuerdo, debía realizar el pago o proponer una forma de hacerlo. Por el contrario, directamente se presentaron en la Justicia sin mediar pasos previos, lo cual correspondía porque había un convenio y un mandamiento del Legislativo municipal que era de cumplimiento efectivo, no de entregar terrenos fiscales sino que decidieron que se vendan y con eso se pague a la Caja”.

Honorarios

Con respecto a los honorarios de los abogados intervinientes de ambas partes, el funcionario consideró que “el tema lo deben resolver las instituciones: si el asesor letrado del municipio no puede cobrar honorarios a éste porque percibe un sueldo, lo mismo ocurre con el apoderado de la Caja”

En definitiva, se debe solucionar internamente dentro de la entidad. Si la Caja consideran que se deben abonar honorarios, el municipio está obligado a aceptarlo”, concluyó.



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